La regulación en materia de protección de testigos ha devenido de los
cambios sociales que ha sufrido la colectividad ante el surgimiento de
agrupaciones o grupos criminales organizados, los cuales debido a su
estructura verdaderas empresas del crimen que cuenta con grandes
recursos económicos, lo que ha conllevado a que muchos terstigos y
víctimas de hechos delictivos no quieran comparecer a los despachos
judiciales a testificar por temor a represalias posteriormente.

La figura jurídica del Testigo Protegido nace legalmente en la legislación procesal penal a partir de la Ley nº 48 de 30 de agosto de 2004 “Que Tipifica los delitos de pandillerismos, posesión y comercio de armas prohibidas, dicta medidas de protección a la identidad de los testigos y modifica disposiciones de los Código Penal y Judicial, y de la Ley 40 de 1999”; el cual surge a la ratificación por parte de Panamá a través de la Ley Nº 23 de 7 de julio de 2004 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos; así como también acoge las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.

La Ley nº 48 de 30 de agosto de 2004 introduce el artículo 2121-A en el Código Judicial vigente al señalar que el funcionario de instrucción o el juez ya sea de manera oficiosa o a petición de parte puede en lo que se refiere a la protección de identidad de los testigos en el proceso penal, las siguientes:

• Omitir en las diligencias los datos generales que permitan su
  identificación, utilizando en su defecto número o clave que lo
  identifique;
• Permitir la comparecencia de estos con indumentarias o dispositivos que imposibiliten o impidan sean identificados de manera visual;
• Fijar como domicilio del testigo a efecto de las citaciones y
  notificaciones el despacho instructor o el juzgado de la causa.

Ahota bien, la interrogante que surge en cuanto estamos en presencia de un testigo protegido, es ¿donde queda el derecho de defensa de la persona imputada? Mucho se ha cuestionado al respecto y los grandes
procesalistas indican que tal derecho no es vulnerado ya que dentro de las medidas previstas se encuentra que estos puedan comparecer a los
procesos a testificar con algo tipo de indumentaria y a través de
dispòsitivos tecnológicos que eviten que estos sean identificados, y pueda ejercerse el principìo de contradicción de la prueba al poder
contrainterrogar a los mismos en caso que sea necesario su deposición en juicio público.

Ahora bien, se ha establecido a través de fallos jurisprudenciales de la
Corte Suprema de Justicia que la deposición de este testigo protegido
como única elemento, no contituye plena prueba por sí sóla, para que
esté que cobre valor probatorio debe estar acompañado de otros
elementos los cuales en su conjunto lleven al convencimiento del juzgador de la causa que efectivamente lo dicho por este testigo constituya la verdad de los hechos.

La legislación panameña en la actualidad no cuenta realmente con los
verdaderos mecanismos que permitan una protección íntegra de los
testigos y víctimas de testigos ya que si bien es cierto a estos no se le
toman sus generales y demás datos que permitan identificarlos; ellos se devuelven en la comunidad de manera normal sin que se les ofresca
algún tipo de protección e incluso visitan los despachos judiciales si ser custodiados en debida forma.