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Derecho Administrativo 3 de noviembre de 2009
Los recursos administrativos en la Ley 30/1992
Especial mención al Recurso de Alzada


. CONCEPTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO:

De entre todas las definiciones posible de Recurso administrativo podemos citar la formulada por el profesor García de Enterría, para el que los recursos administrativos son "actos del administrado mediante los que este pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un titulo jurídico especifico".

. NORMATIVA REGULADORA :

a).- Ambito estatal.

En la Administración estatal los recursos administrativos se regulan básicamente en los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b).- Ambito de las Comunidades Autónomas.

En la Administración de las Comunidades Autónomas, la mayoría de las normas de procedimiento de las comunidades autónomas que han regulado dicha materia se limitan a reiterar algunas disposiciones de la LRJAP-PAC, y a establecer otras que regulan la competencia de las autoridades para la resolución de los recursos administrativos.

c) .- Ambito de la Administración Institucional.

Respecto a la Administración institucional el artículo 2.2. de la LRJAP-PAC dispone que “Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación”.

Vemos por tanto que en su actividad administrativa estas Entidades están sujetas a la LRJAP-PAC, por lo que en el Aresto de sus actividades A se habrá de estar a lo que dispongan sus normas de creación. No obstante en algunas CC.AA se establece la posibilidad de que, en estos supuestos, se pueda recurrir ante la propia Administración Autonómica por los actos de sus organismos autónomos.

d) .- Ambito Local.

En la Administración Local los recursos administrativos se regulan básicamente en los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No obstante , esto hay que señalar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece una serie de previsiones en relación a los recursos administrativos en el ámbito local, señalando que actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa dentro de dicho ámbito y regulando, asi mismo, los recursos administrativos que pueden interponerse contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho público de las Entidades locales.

Artículo 52 LBRL

1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.

2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:

a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley Sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2.

b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.

El artículo 108 de la Ley de Bases de Régimen Local dispone que “Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho público de las Entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales”.

Dicho recurso de reposición se encuentra regulado en el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988.

Asi mismo no hay que olvidar que el Real Decreto 2568-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, en sus artículo 209 y siguientes, señala en materia de recursos y reclamaciones previas una serie de cuestiones de entre las cuales destacamos las siguientes.

Dicho Reglamento dispone expresamente que "contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán, previo recurso de reposición o reclamación previa en los casos en que proceda, ejercer las acciones pertinentes ente la jurisdicción competente".

Asi mismo establece que "Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo (interesados - art. 31 LRJAP-PAC), pueden impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos" (art. 209 ROFCL).

Es mas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición, que se presentará ante el órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo.(art. 211 ROFCL)

Artículo 211. ROFCL

1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra actos o acuerdos de las autoridades y entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, deberá formularse recurso de reposición, que se presentará ante el órgano que hubiere dictado el acto o acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación del acto o acuerdo.

2. No obstante, el recurso de reposición será potestativo en materia de presupuestos, imposición y ordenación de tributos, y en los demás casos en que tenga tal carácter según lo dispuesto en la mencionada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

3. El plazo para interponer recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará desde la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo.

El plazo para interponer dicho recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra del acuerdo, se contará desde la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo, (art. 211 ROFCL) siendo el recurso de reposición potestativo en materia de presupuestos, imposición y ordenación de tributos, y en los demás casos en que tenga tal carácter según lo dispuesto en la mencionada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En relación a las reclamaciones previas se establece tambien que no se podrán ejercitar acciones fundadas en el derecho privado o laboral contra las autoridades y entidades locales sin previa reclamación ante las mismas. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común (art. 212 ROFCL).

Es el propio Reglamento de Organización Funcionamiento y Regimen Jurídico de las Corporaciones Locales el que recoge expresamente que para reclamar en la vía administrativa o en la judicial contra cualquier acuerdo o resolución, no será requisito indispensable la previa consignación de la cantidad exigida, sin perjuicio de los procedimientos de apremio y de los afianzamientos o garantías legales (art. 213 ROFCL).

. EL RECURSO DE ALZADA

. Concepto

De conformidad con la LRJAP-PAC el Recurso de Alzada es aquel que se interpone contra resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, y es resuelto por el superior jerárquico del órgano que dictó a resolución o el acto objeto de impugnación.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 109 de la LRJAP-PAC, ponen fina al vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 107.2.

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

d) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

e) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

En la Administración Local y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Bases de Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:

a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley Sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2.

b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.

Sin perjuicio de lo anterior, y tal y como dispone el artículo 107 LRJAP-PAC .. "las Leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respecto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo". (Art. 107 LRJAP-PAC).

. Regulación.

El Recurso de Alzada con carácter general se regula en los artículos 107 y ss. de la LRJAP-PAC, y mas concretamente en los artículos 114 y 115 de la LRJAP-PAC.

Artículo 114. Objeto.

1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 115. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo.

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recursos extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1.

. Forma y requisitos de presentación.

El recurrente debe presentar su solicitud cumpliendo los requisitos del artículo 110 de la LRJAP-PAC, y aportando la documentación que considere conveniente en defensa de sus argumentos.

Artículo 110. Interposición del recurso.

1. La interposición del recurso deberá expresar:

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación del mismo.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

d) Organo, centro o unidad administrativa al que se dirige.

e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

3.Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.

. Lugar de presentación.

El recurso de Alzada podra presentarse en cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o por registro telemático, según el artículo 38.9 de la misma Ley.

Artículo 38 LRJAP-PAC.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b)En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

. Órgano ante el que se interpone.

El Recurso de Alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente, siendo el titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de dicha obligación. (Art. 114 LRJAP-PAC).

Artículo 114. Objeto.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

. Plazo de interposición.

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. (Art. 115 LRJAP-PAC).

Artículo 115. Plazos.
1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso.Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

. Fundamentación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107.1 de la LRJAP-PAC, el recurso de alzada deberá fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de dicha Ley.

Artículo 62 LRJAP-PAC . Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Artículo 63 LRJAP-PAC. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

. Resolución.

Según la LRJAP-PAC el recurso de Alzada será resuelto por el superior jerárquico del órgano que dicto la resolución o el acto objeto de impugnación.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, transcurrido el cual sin que hubiera recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso (art. 115 LRJAP-PAC), salvo cuando el recurso de alzada se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. Se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. (Art. 43.2 LRJAP-PAC).

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la LRJAP-PAC.

Los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos, a efectos de resolución del recurso de alzada que se interponga. (art. 114 LRJAP-PAC).

. Efectos.

Hay que poner de manifiesto que solo cabe interponer un único recurso de alzada. Ello quiere decir que con la interposición y resolución del recurso de alzada se agota la vía administrativa quedando abierta la vía jurisdiccional a través del recurso contencioso-administrativo.

Autor: Ruth Arroyo Jurado - ruth_jurado@hotmail.com.
 
 
 
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